En un sistema democrático, organizar manifestaciones es la fórmula para dar via a la libre expresión de las opiniones y de las reivindicaciones. Nadie puede estar en contra. En Marruecos, se ha visto sobre el terreno el pasado 20 de Febrero y este fin de semana en Dakhla dos hechos bien diferenciados: el primero, el de la protesta y el segundo, el de la destrucción. El segundo no tiene nada que ver con el primero. Si la libre expresión hace avanzar a la sociedad, la destrucción pone en serio peligro el tejido social y económico de un país. Sin contar que las víctimas de esa violencia y el miedo de la gente de bien, pueden empujar a los sistemas políticos a la deriva. Y todos pierden. El primer papel de un Estado es el de garantizar la seguridad de todos. Los organizadores de las manifestaciones deben y deberán medir los eventuales riesgos y aprender a gestionarlos. En todos los países democráticos, los líderes de las protestas organizan sus propios servicios de orden para asegurar la disciplina interna en las manifestaciones e impedir a los vándalos que actúen bajo la “protección de la manifestación”. Los organizadores deciden el lugar y la hora con el objetivo de limitar los riesgos de desorden. Las fuerzas del orden marroquíes, demostraron su profesionalidad el pasado 20 de Febrero, ahora por su parte, también los jóvenes deban dar pruebas de su “profesionalidad”, que será un plus suplementario a sus reivindicaciones.
